A día de hoy han transcurrido cuatro años desde el inicio de las investigaciones de la UCO y la situación es tan desalentadora como disparatada:

1.      La UCO y la Agencia Tributaria “tiran la piedra y esconden la mano”.

El 17/10/2019 el juez instructor solicita a la Agencia Tributaria que informe sobre si ha detectado alguna irregularidad en los expedientes controvertidos instruidos por Asdrúbal Casares y la Agencia Tributaria se pone de perfil respondiendo con una pregunta: “¿A qué expedientes se refiere?”. A lo que el juez instructor responde el 05/02/2020: “Ustedes deben saberlo ya que son parte acusadora”.

Por su parte la UCO ni siquiera ha realizado las acciones más elementales para fundamentar mínimamente sus acusaciones contra Asdrúbal Casares, como serían las comisiones rogatorias al extranjero solicitando las cuentas bancarias de Asdrúbal Casares y los requerimientos a los Registros Públicos de información sobre los presuntos inmuebles, embarcaciones y coches de lujo.

2.      Alteración del orden natural de la carga de la prueba en el proceso penal.

Es Asdrúbal Casares quien, mediante escrito de 10/03/2020, solicita a la propia Agencia Tributaria que en relación con todos los expedientes (en torno a 100) a los que se hace referencia en el informe de la UCO se especifique su participación y las “presuntas irregularidades” ya que nadie tiene aparentemente interés en ello.

3.       Al final “unos por otros y la casa sin barrer”.

Han transcurrido 4 años desde que se iniciaron las investigaciones y los hechos, si alguno hubiese con relevancia penal, hace tiempo que deberían haberse concretado.

Y por cierto, esperamos que de una vez por todas se resuelva la situación procesal (investigado o testigo) del superior jerárquico de Asdrúbal Casares;  en aras al esclarecimiento de la verdad todos esperamos que declare como testigo.